La Procuraduría General de la Nación  pidió este miércoles a las Fuerzas Militares y a la Policía que le entreguen, "a la mayor brevedad", un informe sobre todos las investigaciones por abusos o violencia sexual que comprometen a miembros de esas instituciones.

La petición fue hecha luego de que la semana pasada se revelara que una niña de 12 años del pueblo indígena embera-chamí fue violada por siete militares del Batallón de Artillería San Mateo, en el caserío de Santa Cecilia, en el departamento de Risaralda.

En medio de ese escándalo también se informó el lunes que otros dos soldados presuntamente secuestraron y violaron a una niña de la tribu nómada nukak makú en septiembre del año pasado en el selvático departamento del Guaviare.

En ese sentido, la Procuraduría pidió a los comandantes de las Fuerzas Militares, general Luis Fernando Navarro, y de la Policía, general Óscar Atehortúa, un informe que especifique "la fecha y lugar de ocurrencia de los hechos, la identificación y ubicación de la presunta víctima".

De igual forma, precisó el Ministerio Público en un comunicado, el documento debe tener "la información de los supuestos victimarios, de la autoridad penal a la que se remitió, si se inició actuación disciplinaria y el estado en que se encuentra cada expediente".

"Para la Procuraduría resulta preocupante que por denuncias públicas se haga referencia a eventos en los que presuntamente miembros de la fuerza pública y de la Policía podrían haber victimizado no solo a niñas de comunidades indígenas sino a mujeres adultas u otras personas", agregó la información.

Investigación en el caso de Guaviare

La vicefiscal general de Colombia, Martha Janeth Mancera, manifestó el martes que ese organismo conoció el "19 de septiembre de 2019, con información del personal del hospital de San José del Guaviare, sobre el ingreso de una menor indígena de la comunidad nukak makú quien relató haber sido víctima de agresión sexual el 8 de septiembre de 2019 por soldados".

El fiscal encargado del caso, añadió Mancera, tiene una estrategia basada en "la recolección de más de 20 actividades entre las que se cuenta con la información de la comunidad indígena para la cual se ha utilizado un intérprete, permitiendo así conocer el contexto en el que ocurrieron los hechos".

"Se continúa con las actividades de investigación que permitirán tomar la decisión que en derecho corresponde. Actualmente la menor se encuentra bajo protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), que adelanta el trámite administrativo para salvaguardar sus garantías y restablecer sus derechos fundamentales", aseveró.

Ante estas casos de abuso sexual, asociaciones de pueblos indígenas se han manifestado en los últimos días frente a unidades militares en Bogotá, Cali y Pereira para exigir justicia por estos hechos.

EFE